Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA)
¿Qué es la Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA)?
La Ley de Empresas Industriales Enfermas de 1985 (SICA) fue una pieza clave de la legislación que se ocupó del problema de la enfermedad industrial desenfrenada en la India. La Ley de Compañías Industriales Enfermas (SICA) fue promulgada en la India para detectar compañías inviables («enfermas») o potencialmente enfermas y ayudar con su reactivación, si es posible, o su cierre, si no. Esta medida se tomó para liberar la inversión encerrada en empresas inviables para uso productivo en otros lugares.
Conclusiones clave
- La Ley de Compañías Industriales Enfermas de 1985 (SICA) fue una ley india promulgada para detectar compañías inviables («enfermas») que pudieran representar un riesgo financiero sistemático.
- El SICA fue derogado y reemplazado en 2003 por la Ley de Derogación de Empresas Industriales Enfermas (Disposiciones Especiales) de 2003, que diluyó algunos aspectos de la Ley original y solucionó algunos factores problemáticos.
- Luego, el SICA fue derogado por completo en 2016, en parte porque algunas de sus disposiciones se superpusieron con las disposiciones de una ley separada, la Ley de Sociedades de 2013.
Entendiendo la Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA)
La Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA) fue promulgada en 1985 para abordar un problema crónico en la economía india: la enfermedad industrial.
La ley definía una unidad industrial enferma como aquella que había existido durante al menos cinco años y había incurrido en pérdidas acumuladas iguales o superiores a su patrimonio neto total al final de cualquier año financiero.
Causas de enfermedad industrial
La Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA) identificó una serie de factores internos y externos responsables de esta epidemia. Los factores internos dentro de las organizaciones incluyeron mala administración, sobreestimación de la demanda, ubicación incorrecta, implementación deficiente del proyecto, expansión injustificada, extravagancia personal, falta de modernización y malas relaciones entre los trabajadores y la administración. Los factores externos incluyeron una crisis energética, escasez de materias primas, cuellos de botella en la infraestructura, facilidades crediticias inadecuadas, cambios tecnológicos y fuerzas del mercado global.
Enfermedad industrial y economía
Las enfermedades industriales generalizadas afectan la economía de varias formas. Puede resultar en la pérdida de ingresos del gobierno, inmovilizando recursos escasos en unidades enfermas, aumentando los activos improductivos en poder de los bancos e instituciones financieras, aumentando el desempleo, la pérdida de producción y la baja productividad. El SICA se implementó para rectificar estas consecuencias socioeconómicas adversas.
Legislación y disposiciones del SICA
Una disposición importante del SICA fue el establecimiento de dos órganos cuasijudiciales: la Junta de Reconstrucción Industrial y Financiera (BIFR) y la Autoridad de Apelaciones para la Reconstrucción Industrial y Financiera (AAIFR). El BIFR se creó como una junta principal para encabezar el manejo del problema de las enfermedades industriales, incluida la revitalización y rehabilitación de unidades potencialmente enfermas y la liquidación de empresas no viables. La AAIFR se creó para conocer de las apelaciones contra las órdenes BIFR.
Derogación de la Ley de empresas industriales enfermas
El SICA fue derogado y reemplazado por la Ley de Derogación de Empresas Industriales Enfermas (Disposiciones Especiales) de 2003, que diluyó algunas disposiciones del SICA y colmó ciertas lagunas. Un cambio clave en la nueva ley fue que, además de combatir la enfermedad industrial, tenía como objetivo reducir su creciente incidencia asegurando que las empresas no recurrieran a una declaración de enfermedad simplemente para eludir obligaciones legales y obtener acceso a concesiones de instituciones financieras.
La derogación del SICA entró en plena vigencia el 1 de diciembre de 2016. Fue derogada por completo, en parte, porque algunas de sus disposiciones se superpusieron con la Ley de Sociedades de 2013. La Ley de Sociedades incluyó la creación del Tribunal Nacional de Derecho Societario (NCLT). y el Tribunal Nacional de Apelaciones en Derecho de Sociedades (NCLAT). El NCLT puede conocer casos relacionados con la gestión de una empresa, fusiones y rehabilitaciones de empresas, entre otros temas. A la autoridad de la NCLT se suma el Código de Insolvencia y Quiebras de 2016, que establece que los procesos de insolvencia corporativa pueden iniciarse ante la NCLT.